Las probabilidades de que la Clarity Act, un proyecto de ley de Estados Unidos para crear reglas claras para la industria de las criptomonedas, sea promulgada en 2026 han caído a su nivel más bajo desde el 23 de enero, 206. El 24 de junio, la probabilidad de que la Clarity Act llegue al escritorio del presidente Donald Trump para su firma bajó un 24% en las últimas 24 horas, hasta alrededor del 41% en el momento de la publicación, según datos de Polymarket. El contrato de Polymarket sobre la Clarity Act también cayó por debajo de los mínimos del 25 de abril, previos a que el Comité Bancario del Senado impulsara el proyecto con una votación de 15-9 el 14 de mayo.

El proyecto para ofrecer a los europeos un euro digital dio un paso adelante en el Parlamento de la UE, con el compromiso de que esta nueva forma de dinero del banco central no sustituirá al efectivo. El avance llega en un contexto de inquietud en Bruselas y Fráncfort por el creciente uso de stablecoins emitidas por privados y vinculadas al dólar estadounidense. También coincide con los preparativos en Washington para prohibir la creación de un dólar digital durante esta década.

Patrick Witt, director ejecutivo del Crypto Council de la Casa Blanca, participa en negociaciones a tres bandas con senadores republicanos y demócratas sobre las normas de ética del CLARITY Act, con $2.3B en intereses cripto de la familia Trump en el centro del desacuerdo. Ese apartado es el único punto sin resolver que separa el proyecto de ley sobre estructura del mercado cripto de una votación en el pleno del Senado. La información fue adelantada por el periodista Pete Rizzo, citando a Politico.

Cinco demócratas del Senado han pedido audiencias y testimonio jurado sobre una inversión de $500 million de Emiratos Árabes Unidos en World Liberty Financial, el proyecto cripto vinculado a Donald Trump. Los senadores sostienen que la operación es inédita en la historia política de Estados Unidos y quieren que funcionarios de la Casa Blanca declaren qué sabían y cuándo. También vinculan el acuerdo con una serie de decisiones de política favorables para Emiratos en el mismo periodo.

Una coalición religiosa entregó a los líderes del Senado una carta firmada por 82 dirigentes católicos para que se opongan a la Sección 604 del CLARITY Act. El grupo sostiene que la exención para ciertos desarrolladores DeFi no custodiales abriría brechas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales que podrían aprovechar los traficantes. La iniciativa busca frenar una disposición que, según el texto, evitaría que determinados actores sean tratados como transmisores de dinero bajo la Bank Secrecy Act.

Comprar un inmueble en Italia con criptomonedas es legal, pero el precio debe constar en euros y el principal obstáculo suele ser el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales. En la práctica, el notario debe rastrear el pago y verificar el origen de los fondos y el titular real, y puede negarse a autorizar la escritura si el riesgo es elevado. Para reducir fricciones, muchas operaciones pasan por convertir previamente las criptomonedas a euros en un exchange regulado. También hay que considerar la volatilidad entre el “compromesso” y el “rogito”, y el impacto fiscal: el uso de cripto se trata como una disposición con posible ganancia patrimonial, con un tipo sustitutivo que sube al 33% desde 2026.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la 21st Century ROAD to Housing Act y remitió a la firma del presidente Donald Trump un texto que prohíbe a la Reserva Federal emitir una moneda digital de banco central (CBDC) hasta 2030. La restricción quedó incorporada en la ley de vivienda y el proyecto pasa ahora a la Casa Blanca.

WASHINGTON, June 23, 2026 — La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. presentaron una demanda contra Kentucky para bloquear el intento del estado de aplicar leyes estatales a mercados de predicción y contratos de eventos regulados a nivel federal. El litigio busca impedir que Kentucky restrinja estos productos en plataformas sujetas a supervisión federal.