Diputados británicos investigan a la banca por las restricciones a pagos con criptomonedas

Un grupo parlamentario británico ha abierto una investigación para recopilar pruebas sobre las barreras de acceso a la banca que afrontan empresas de criptoactivos y proveedores de pagos en el Reino Unido, incluidas transferencias bloqueadas, límites de operación y cierres de cuentas. El All-Party Parliamentary Group (APPG) sobre Cripto y Activos Digitales inició el proceso el 21 de julio de 2026. El plazo para enviar aportaciones por escrito se mantiene abierto durante seis semanas, hasta el 31 de agosto de 2026. El objetivo es evaluar si los controles aplicados por entidades financieras siguen siendo proporcionales a los riesgos de fraude y delitos financieros en un momento en el que el país se prepara para desplegar un marco regulatorio más amplio para el sector. La convocatoria de evidencias se dirige a bancos, proveedores de pago, fintech, empresas cripto, académicos y organizaciones de consumidores. El APPG sostiene que algunas compañías han tenido dificultades para abrir o conservar cuentas bancarias, y que otras han informado de problemas para acceder a servicios de adquirencia, sistemas de pago, seguros y apoyo profesional asociado. También se revisarán las medidas que afectan a los pagos con criptoactivos, como el bloqueo de transferencias hacia determinadas plataformas y los límites a las transacciones de clientes, con foco en cómo se aplican y qué criterios de riesgo las sustentan. La investigación examina el impacto de estas restricciones en consumidores, inversión, competencia, innovación y operativa empresarial. Lord Vaizey of Didcot, copresidente del APPG junto al diputado laborista Gurinder Singh Josan, señaló que las empresas han trasladado de forma reiterada su preocupación por el acceso a servicios bancarios. El grupo pide ejemplos prácticos y documentación de respaldo, además de opiniones sobre los factores legales, regulatorios, comerciales y operativos que podrían estar detrás de los vetos o limitaciones. El Parlamento británico recuerda que los APPG son órganos informales y transversales, sin estatus parlamentario oficial, y que no pueden legislar ni emitir órdenes regulatorias vinculantes. Aun así, sus recomendaciones finales pueden influir en la agenda pública: departamentos gubernamentales, reguladores y comités parlamentarios podrían tener en cuenta las conclusiones en revisiones futuras. El APPG revisará las aportaciones antes de publicar su informe, sin fijar por ahora una fecha. El trabajo da continuidad a una investigación anterior de 2022–2023 sobre la política cripto británica, que ya identificó el acceso a la banca como una de las trabas señaladas por el sector. En esta ocasión se amplía el abanico de fuentes para incluir a bancos y proveedores de pagos, que podrán explicar sus controles de cumplimiento, evaluaciones de riesgo de clientes y políticas de transacción. El APPG subraya que los cierres de cuentas plantean cuestiones legales y comerciales específicas, y que las entidades mantienen responsabilidades de gestión de riesgos bajo normas contra el blanqueo de capitales y el fraude. En 2023, la Financial Conduct Authority (FCA) revisó el acceso y los cierres de cuentas de pago, con un apartado dedicado a los problemas reportados por empresas de criptoactivos y compañías de pagos. La investigación coincide con el avance regulatorio del Gobierno. En febrero entraron en vigor las Financial Services and Markets Act 2000 (Cryptoassets) Regulations 2026, y HM Treasury indicó que el marco comenzará a aplicarse en octubre de 2027. A partir de ese momento, las empresas que realicen actividades incluidas en el régimen necesitarán autorización de la FCA. Este calendario refuerza, según el APPG, la necesidad de revisar el acceso a la banca antes de que empiecen los requisitos de autorización, ya que las firmas reguladas necesitan cuentas para recibir fondos, pagar salarios y atender obligaciones con proveedores. El grupo también solicitará referencias internacionales sobre cómo otras jurisdicciones han mejorado el acceso manteniendo salvaguardas. Las entidades pueden defender que los controles transaccionales protegen a los clientes frente a estafas y transferencias no autorizadas; las empresas cripto, por su parte, sostienen que las restricciones generalizadas pueden equiparar a compañías con licencia y sin licencia. Las evidencias recabadas servirán para determinar si el APPG respalda orientaciones regulatorias, una comunicación más sólida o cambios en las prácticas bancarias. Cualquier recomendación requerirá, en todo caso, actuación de Gobierno, reguladores o instituciones financieras. El análisis se enmarca en una agenda más amplia sobre finanzas digitales. Las autoridades británicas también impulsan normas para stablecoins, pagos tokenizados y valores digitales. En junio de 2026, el Bank of England y la FCA presentaron su enfoque conjunto sobre stablecoins: la FCA supervisaría las stablecoins emitidas en el Reino Unido que cumplan los requisitos y su uso en pagos minoristas, mientras que el Bank of England compartiría la supervisión cuando HM Treasury clasifique a un emisor como sistémico, separando la supervisión de mercado de las consideraciones de estabilidad financiera. HM Treasury también respalda un marco combinado para servicios de pago tradicionales y tokenizados, que abarcaría stablecoins y depósitos tokenizados. Estas reglas podrían elevar la demanda de relaciones bancarias formales, dado que las empresas autorizadas dependen de la infraestructura bancaria para fondos de clientes, nóminas, impuestos y gastos operativos. No obstante, la investigación no puede obligar a los bancos a prestar servicio a empresas concretas; su efecto potencial pasa por influir en cómo las entidades documentan y aplican decisiones basadas en riesgo. Este texto es solo informativo y no constituye asesoramiento legal, regulatorio ni financiero. La investigación parlamentaria sigue en curso y cualquier recomendación puede cambiar antes de que el Gobierno británico o los reguladores adopten medidas. Las partes interesadas pueden presentar pruebas hasta el 31 de agosto de 2026; el APPG revisará las respuestas y publicará recomendaciones sin fecha confirmada.