Tailandia fija un 0% de plusvalías en bitcoin y cripto durante cinco años

Tailandia ha aprobado una exención fiscal temporal para atraer inversión en activos digitales. El país aplicará un 0% en el IRPF sobre las plusvalías obtenidas por la venta de activos digitales —incluidos bitcoin y otras criptomonedas— durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2029. La medida quedó formalizada en la Regulación Ministerial nº 399, firmada el 5 de septiembre de 2025, tras el visto bueno del gabinete en torno al 17 de junio de 2025. La exención no es universal: solo se aplica a operaciones realizadas a través de plataformas con licencia de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Tailandia. Las transacciones en exchanges no autorizados, los ingresos cripto de origen extranjero y cualquier actividad que no cumpla los requisitos seguirán tributando al tipo general del IRPF, que puede llegar hasta el 35%. El anuncio se suma a pasos previos. En febrero de 2024, el Gobierno ya había eliminado un IVA del 7% sobre las ganancias en cripto. La nueva exención de plusvalías amplía ese marco. Con esta decisión, Tailandia equipara el tratamiento fiscal de las ganancias en activos digitales al de las plusvalías de valores tradicionales negociados en la bolsa tailandesa. El vice ministro de Finanzas, Julapun Amornvivat, ha defendido públicamente la iniciativa, y las previsiones oficiales apuntan a que la recaudación vinculada al ecosistema de activos digitales podría superar los 1.000 millones de baht (aproximadamente 30 millones de dólares) a medio plazo. Para los inversores, la obligación de operar en plataformas autorizadas añade una capa de control regulatorio. Los exchanges con licencia en Tailandia deben cumplir estándares de KYC, protocolos contra el blanqueo de capitales y requisitos de seguridad operativa. El principal punto a vigilar es la continuidad del esquema. El incentivo está limitado a cinco años y no hay garantía de prórroga más allá de 2029. Además, al haberse articulado mediante una regulación ministerial y no por vía parlamentaria, podría revertirse, en teoría, con menor fricción.