México exigirá KYC completo en todas las transferencias de bitcoin y cripto a partir de marzo de 2027

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó reglas antilavado modificadas que obligarán a verificar plenamente la identidad en cada transferencia de bitcoin y otros criptoactivos en México desde el 1 de marzo de 2027. Las nuevas Disposiciones de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, difundidas a inicios de agosto de 2026, suponen la ampliación más relevante de las exigencias de cumplimiento para el sector cripto desde la aprobación de la Ley Fintech en 2018. Las operaciones con activos virtuales quedan encuadradas como "actividades vulnerables", una categoría legal que activa obligaciones formales para quienes las faciliten. Qué exigen las nuevas reglas El esquema adopta un enfoque basado en riesgos. Los participantes que gestionen activos digitales deberán clasificar a cada cliente por nivel de riesgo, aplicar debida diligencia reforzada a las cuentas de mayor riesgo e identificar a los beneficiarios finales (UBO) de cualquier entidad que tenga el 25% o más de participación en una de las partes que realiza la transferencia. El umbral del 25% busca cerrar la vía habitual de las sociedades pantalla utilizadas para mover cripto sin asociar un nombre. Quien controle una cuarta parte o más de la entidad que transfiere deberá quedar identificado. Los proveedores de servicios de activos digitales también tendrán que actualizar y presentar sus manuales internos de políticas antes de marzo de 2027. No se trata de recomendaciones: serán documentos exigibles y auditables por los supervisores. Los sistemas automatizados de monitoreo para detectar y señalar operaciones sospechosas deberán estar operativos a más tardar el 1 de junio de 2027, lo que deja un margen de tres meses tras la entrada en vigor inicial. Se prevé que las auditorías regulatorias completas comiencen en 2028. El paquete normativo incorpora además exigencias de registro, trazabilidad y custodia de activos digitales. Cada operación deberá contar con una pista documental clara, y los esquemas de custodia estarán sujetos a mayor escrutinio. Continuidad con la Ley Fintech de 2018 México aprobó la Ley Fintech en 2018, creando un marco para los activos digitales con requisitos de licencia para plataformas de intercambio, obligaciones de reporte y lineamientos generales de supervisión. La norma reconoció las monedas digitales como medios de pago electrónicos, sin otorgarles estatus de moneda de curso legal. Aun así, el esquema de 2018 dejó brechas relevantes. Los umbrales de reporte se situaban alrededor de 3.500 dólares, lo que permitía que transacciones menores pasaran desapercibidas. El nuevo marco elimina ese margen al exigir datos de identificación para todas las transferencias, sin importar el importe. Las entidades no financieras que participen en actividades como intercambio y custodia de activos virtuales deberán registrarse ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) y cumplir con las obligaciones antilavado. Con el plazo de marzo de 2027, el sector contará con aproximadamente siete meses para ajustar políticas y sistemas operativos.