Illinois afronta una demanda por su impuesto del 0,2% a los criptoactivos

Dos organizaciones del sector cripto en Estados Unidos han presentado una demanda contra tres altos cargos de Illinois para impedir que entre en vigor, el 1 de enero de 2027, el nuevo gravamen estatal del 0,2% sobre activos digitales, según CoinDesk. Los demandantes sostienen que el impuesto excede las competencias del estado y dispararía los costes de cumplimiento para empresas y usuarios. La denuncia, de 39 páginas, se registró en el Circuit Court del condado de Sangamon (Illinois) e incluye seis pretensiones. Solicita que el tribunal declare inválida la Digital Asset Tax Act y prohíba su aplicación. Alega vulneraciones de la Constitución de EE. UU., la Constitución de Illinois y la ley federal Internet Tax Freedom Act. Según el escrito, la norma grava operaciones de compraventa, transferencias y servicios de custodia prestados por "brokers", calculando la base imponible sobre el valor total de los criptoactivos del cliente, y no sobre las ganancias de la transacción. Con este diseño, un usuario podría tributar aunque no haya vendido sus activos ni haya completado una transferencia de titularidad. Los demandantes son la Blockchain Association y el Crypto Innovation Council. Entre los demandados figuran el comisionado estatal de impuestos y el fiscal general del estado. El objetivo central del procedimiento es frenar la entrada en vigor de la ley en 2027. Las asociaciones también critican la redacción, que califican de imprecisa, por dificultar a empresas y usuarios determinar qué actividades quedan sujetas al impuesto y quién debe recaudarlo y liquidarlo. Señalan que, ante el riesgo de responsabilidad civil y posibles sanciones penales en los casos más graves, las compañías afectadas ya están elevando el gasto legal y fiscal. Riesgo de doble imposición en operaciones interestatales La demanda sostiene que Illinois no ha acotado con claridad su potestad tributaria a la actividad económica realizada dentro del estado. La normativa permitiría a los reguladores considerar que una operación ocurrió en Illinois atendiendo a la dirección del cliente, registros de la cuenta, datos postales o la dirección IP. El sector advierte de que estos criterios pueden chocar con los de otros estados. Si otra jurisdicción atribuye la misma operación a su territorio con sus propias reglas, una única transferencia de activos digitales podría soportar dos impuestos simultáneamente. El escrito añade que Illinois no contempla un crédito fiscal por tributos similares pagados en otros estados, lo que elevaría la carga efectiva de actividades cripto entre estados frente a las operaciones realizadas dentro de una sola jurisdicción. Obligaciones de información para brokers y clientes El impuesto fue promulgado por el gobernador JB Pritzker en junio de este año como parte del presupuesto de Illinois para el ejercicio fiscal 2027, de 55,9 mil millones de dólares. Los documentos presupuestarios estiman que el gravamen aportaría cerca de 60 millones de dólares al año. La ley establece que los brokers que ofrezcan a clientes en Illinois servicios de intercambio, transferencia o custodia de activos digitales deberán pagar un "franchise tax" del 0,2% sobre el valor de los criptoactivos vinculados a esa actividad. También podrían quedar sujetos determinados brokers de fuera del estado si generan al menos 100.000 dólares de ingresos procedentes de clientes de Illinois en un periodo de 12 meses. Los brokers afectados deberán registrarse, recaudar el impuesto por separado al cliente, conservar registros de operaciones y presentar informes mensuales. Si el broker no recauda el impuesto en nombre del cliente, el propio cliente deberá calcularlo y abonarlo a la autoridad tributaria antes del día 20 del mes siguiente. Segunda impugnación judicial Se trata de la segunda demanda del sector contra el impuesto del 0,2% sobre activos digitales en Illinois. En julio, la Digital Chamber presentó otra acción en el mismo tribunal, argumentando que el estado aplica un trato fiscal distinto a las transacciones con criptoactivos frente a operaciones equivalentes con activos tradicionales. También cuestionó el proceso legislativo, al señalar que las disposiciones se incorporaron a un proyecto de ley amplio y complejo en la fase final de la sesión. El sector había expresado previamente su oposición pública al gravamen y afirmó que las empresas afectadas recibieron escaso o nulo aviso.